Jurisprudencia - Monotributo.
San José AFJP S.A. c/ AFIP ley 25.085 dto.
863/98 s/ Proceso de Conocimiento.
Procuración General de la Nación
Suprema Corte:
- I -
A fs. 383/386, la Sala V de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar lo resuelto
a fs. 312/314 en la instancia anterior, declaró que la tasa establecida por la
ley 25.085 -sobre los fondos colectados por el sistema de
"monotributo" (ley 24.977)- sólo es aplicable a la recaudación
percibida a partir de su vigencia.
Para así decidir, ratificó que dicha detracción
posee el carácter de "tasa", al ser exigida en forma obligatoria por
el Estado, a raíz de la actividad recaudatoria desarrollada por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, en adelante), que afecta al
obligado a su pago.
En el mismo orden, rechazó el planteo de
confiscatoriedad, por no demostrarse la absorción de una parte sustancial del
capital o de la renta, como consecuencia del pago del tributo.
También desestimó el pedido de
inconstitucionalidad, que la actora fundó en la supuesta doble imposición
generada por la implementación de similares tasas a través del decreto 863/98 y
-posteriormente- de la ley 25.345, al considerar que la doble imposición solo
será inconstitucional cuando -por su conducto- se viole alguna garantía de la
Ley Fundamental o se extralimite la competencia territorial del poder que
sancionó el gravamen, hipótesis no verificadas en el caso.
- II -
Disconforme, la actora interpuso el recurso
extraordinario de fs. 389/406, que fue concedido a fs. 414.
En primer lugar, negó el carácter de
"tasa" atribuido al instituto sub examine, al entender que se trata
de una "afectación" de los fondos recaudados por el régimen de
"monotributo". Esto -en su criterio- no resulta válido, pues el
Estado sólo puede decidir sobre la "afectación" de fondos propios,
más no sobre aquellos que no le pertenecen, como es el caso de los aportes de
los trabajadores, con destino a sus cuentas de capitalización individual.
Alegó violación de los derechos adquiridos al
amparo del régimen de la ley 24.241, bajo el cual las administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones (AFJP) decidieron incorporarse al sistema.
Especificó que dicha ley las había eximido de costo alguno por los gastos que
irrogue la recaudación, fiscalización y distribución de fondos, los cuales
pesaban exclusivamente sobre el Estado Nacional, razón por la cual la
"afectación" creada por la ley 25.085 modifica unilateralmente, y de
manera arbitraria, las reglas del juego establecidas.
Respecto de la confiscatoriedad, manifestó que no
se configura sobre el quantum a ingresar a favor del Fisco, sino sobre el
objeto de la pretendida tasa, y su repercusión. Ello es así pues, por ínfimo
que sea el porcentaje, recaerá sobre los fondos de los afiliados/contribuyentes
-administrados por las AFJP-, lo cual será siempre de carácter sustancial y
violatorio del derecho de propiedad.
Reiteró, por último, que existe un supuesto de
doble imposición inconstitucional, al superponerse la tasa bajo examen con la
creada por el art. 14 de la ley 25.345, máxime cuando ambas retribuyen el mismo
servicio.
- III -
A mi modo de ver, el remedio intentado es
formalmente admisible, en tanto se ha puesto en tela de juicio la inteligencia
de normas de carácter federal (ley 25.085 y art.14 de la ley 25.345) y la
sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al
derecho que el recurrente ha sustentado en ellas (art. 14, inc. 31, de la ley 48).
- IV -
Pienso que un orden jurídicamente lógico impone
examinar la legitimación de la actora en forma previa al tratamiento de sus
agravios, puesto que, de no configurarse tal requisito, se estaría ante la
inexistencia de un "caso", "causa" o "controversia",
en los términos del art. 116 de la Carta Magna, que tornaría imposible la
intervención de la Justicia.
En este orden de ideas, cabe indicar que, como lo
recordó este Ministerio Público en los dictámenes recogidos en Fallos: 303:893
y 322:528, desde antiguo V.E. ha declarado que no compete a los jueces hacer
declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder
Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (Fallos: 2:253; 24:248;
94:444; 94:51; 130:157; 243:177; 256:103; 263:397, y muchos otros).
Así, ya desde sus inicios (confr. Fallos: 1:27 y
292), el Tribunal negó que estuviese en la órbita del Poder Judicial de la
Nación la facultad de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de
las normas emitidas por los poderes Legislativo y Ejecutivo (Fallos: 12:372;
95:51 y 115:163) pues, como lo afirmó en Fallos: 242:353, el fin y las
consecuencias del control encomendado a la Justicia sobre las actividades
ejecutiva y legislativa suponen que este requisito de la existencia de
"caso" o "controversia judicial" sea observado
rigurosamente para la preservación del principio de la división de poderes,
según lo expone el juez Frankfurter con fundamento en la jurisprudencia
norteamericana (341 U.S.149).
Es por tales motivos que el art. 21 de la ley 27
preceptúa que la Justicia nacional nunca procede de oficio y sólo ejerce
jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de
parte. Así lo ha entendido V.E. en su invariable doctrina, según la cual
"si para determinar la jurisdicción de la Corte y de los demás tribunales
de la Nación no existiese la limitación derivada de la necesidad de un juicio,
de una contienda entre partes, entendida ésta como 'un pleito o demanda en
derecho instituida con arreglo a un curso regular de procedimiento', según el
concepto de Marshall, la Suprema Corte dispondría de una autoridad sin
contralor sobre el gobierno de la República, y podría llegar el caso en que los
demás poderes del Estado le quedaran supeditados con mengua de la letra y del
espíritu de la Carta Fundamental" (Fallos: 156:318; 227:688; 245:552;
322:528, entre muchos otros) (énfasis, añadido).
En esta inteligencia de la cuestión, la
existencia de un "caso" o "causa" presupone la de
"parte", es decir, de quien reclama o se defiende y, por ende, la de
quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso.
En este orden de ideas, ha expresado V.E. en
Fallos
322:528, cons. 91, que, como lo ha destacado
acertadamente la jurisprudencia norteamericana, "al decidir sobre la
legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status
afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura satisfacer", el
cual "resulta esencial para garantizar que [aquél] sea una parte propia y
apropiada que puede invocar el poder judicial federal" ('Flast. v. Cohen',
392 U.S. 83), y, en definitiva, como fue señalado por el juez de la Corte
Suprema de los Estados Unidos, Antonin Scalia, a fin de preservar al Poder
Judicial de la sobrejudicialización de los procesos de gobierno ("The
doctrine of standing as an essential element of the separation of powers",
17 Suffolk Univ. Law Review, 1983, pág. 881). En síntesis, la "parte"
debe demostrar la existencia de un "interés especial" en el proceso
o, como lo ha dicho nuestra jurisprudencia, que los agravios alegados la
afecten de forma "suficientemente directa" o "substancial",
esto es, que posean "concreción e inmediatez" bastante para poder
procurar dicho proceso.
A lo dicho, cabe agregar que, como también lo ha
sostenido V.E. (arg. Fallos: 311:1435, cons. 51 -a contrario sensu- y C.1329,
L.XXXVI, in re "Casime, Carlos Alberto c/ Estado Nacional", sentencia
del 20 de febrero de 2001" -que remite al dictamen de este Ministerio
Público Fiscal-), se configura una causa judicial atinente al control de
constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es
propia del Poder Judicial, siempre y cuando se produzca un perjuicio concreto
al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca.
En este orden de ideas, cabe advertir que esta
carencia de legitimación en quien demanda (o en la accionada) puede aparecer en
forma manifiesta al momento de realizar su presentación ante la Justicia
-cuando quien lo hace luce des- provisto de todo interés concreto en el dictado
de un pronunciamiento-; o bien puede no ser manifiesta, sino permanecer oculta
o disimulada durante el trámite de la causa, o requerir algún tipo de
investigación, para hacerse ostensible recién al momento de dictar la sentencia
(arg. art. 347, inc. 31, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En este último caso, debe ser resuelta igualmente de manera previa, ya que su
ausencia imposibilitaría el ejercicio de la jurisdicción sobre el fondo del asunto
discutido, so riesgo de realizar un pronunciamiento en abstracto.
- V -
Sobre la base de tales criterios, en su
aplicación al sub lite, considero que la actora carece de legitimación para
esgrimir la pretensión que dedujo frente al Estado Nacional, pues no ha
demostrado tener un interés concreto en el dictado de un pronunciamiento
judicial que la beneficie -o perjudique-, que remueva -o no- el obstáculo al
que atribuye la lesión de los derechos invocados (arg. Fallos: 306:1125;
317:335, entre otros).
En efecto, a partir de la sanción de la ley
25.085 se estableció, en forma coactiva, una contraprestación a favor de la
AFIP, por el servicio de recaudación y verificación del "impuesto
integrado", establecido por el "Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes" o "monotributo" (ley 24.977).
Del análisis del art. 11 de la ley 25.085 se
desprende que la AFIP procederá a detraer un 2,5% del total recaudado a través
del sistema de "monotributo" y lo imputará como contraprestación por
el servicio de recaudación y verificación que realiza. El remanente será girado
a las cuentas recaudadoras nacionales, y a las distintas administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), en los porcentajes que correspondan.
Por su parte, la ley 24.241 -al instituir el
sistema integrado de jubilaciones y pensiones- creó el "fondo de
jubilaciones y pensiones" como un patrimonio independiente y distinto de
la AFJP, que pertenece a los afiliados (cfr. art.82). El citado artículo
establece, en forma expresa, que la administradora no tiene derecho de
propiedad alguno sobre él.
Sobre la conjunción de ambas normas es que
sostengo la carencia de legitimación de la actora, pues resulta claro que el
tributo grava con un 2,5% los importes abonados por los pequeños contribuyentes
adheridos al régimen simplificado establecido por la ley 24.977. Ellos resultan
los sujetos pasivos de la tasa, pues soportan -en definitiva- la ablación
patrimonial en el aporte mensual que destinan a su cuenta de capitalización.
Por ello, no advierto que la actora experimente
daño alguno a raíz de la sanción de la norma atacada, toda vez que el cobro del
gravamen recae sobre un patrimonio independiente y distinto al suyo (art. 82 de
la ley 24.241). Tampoco ha alegado -y mucho menos probado- que la nueva gabela,
al disminuir el monto de la base sobre la cual percibe su comisión, torne
imposible o excesivamente gravoso el desenvolvimiento de su actividad, conforme
a los parámetros establecidos por V.E. en Fallos: 150:419; 179:98; 201:202;
205:131; 203:275 y 210:1129, entre otros.
Sobre la base de este razonamiento, considero
improcedente examinar los agravios vinculados con la naturaleza jurídica del
gravamen, la violación de derechos adquiridos y la confiscatoriedad planteados,
pues -en mi criterio- no existe afectación suficientemente directa o sustancial
sobre la recurrente como para habilitar su tratamiento.
- VI -
Desde mi óptica, idéntica respuesta merece el
agravio vinculado a la existencia de doble imposición, pues resulta requisito
-para que ella se verifique- que la capacidad contributiva sobre la cual
inciden los tributos impugnados sea la misma (Fallos: 183:319; 187:234; 195:250
y 270; 193:397; 210:172; 220:699; 236:22; 255:66; 262:366, entre otros).
Pienso que esta condición no se cumple en la
especie, dado que la tasa bajo examen y la creada por el art. 14 de la ley
25.345, recaen sobre diferentes sujetos pasivos y, por ende, sobre diversas
capacidades contributivas.
Como se explicó en el acápite anterior, la
primera grava a los importes abonados por los pequeños contribuyentes adheridos
al régimen simplificado establecido por la ley
24.977.
La segunda, por el contrario, faculta al Poder
Ejecutivo a fijar una tasa de hasta el 0,7% sobre el total de la recaudación
correspondiente a los aportes personales destina- dos al régimen de
capitalización de la ley 24.241 y de las contribuciones patronales de la ley
24.557, y debe ser abonada por las AFJP y las aseguradoras de riesgos de
trabajo (ART), previo a la transferencia de los recursos que correspondan. En
este segundo supuesto, es claro que quienes soportan la carga del tributo son
las mismas AFJP y ART.
Esto sella la suerte adversa de la pretensión de
la actora pues, en mi criterio, no se verifica la identidad de capacidad
contributiva que torne procedente la superposición alegada.
- VII -
En virtud de lo expuesto, opino que debe
confirmarse la sentencia de fs. 383/386, en cuanto fue materia de recurso
extraordinario.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2003
Es Copia
Nicolás Eduardo Becerra
Jurisprudence - Monotribute. San José AFJP S.A. c AFIP law 25,085 dto. 863/98 s Process of Knowledge.
Jurisprudence - Monotribute.
San José AFJP S.A. c AFIP law 25,085
dto. 863/98 s Process of Knowledge.
General power
of attorney of the Nation
Supreme Court:
- I -
To fs. 383/386,
Room V of the National Camera of Appeals in the Contentious Federal Office
staff, when confirming the resolute thing to fs. 312/314 in the previous instance,
declared that the rate established by law 25,085 - on the bottoms collected by
the system of “monotribute” (law 24,977) - is only applicable to the collection
perceived from its use.
Thus to decide, it ratified that
this derogation owns the character of “rate”, to the being demanded in
obligatory form by the State, as a result of the tax collecting activity
developed by the Federal Administration of Income Public (AFIP, in future),
that affects to the forced one to its payment.
In the same order, it rejected I
raise of confiscatoriedad, not to demonstrate the absorption of a substantial
part of the capital or the rent, as a result of the payment of the tribute.
Also it misestimated the
unconstitutionality order, that the prosecution founded on the supposed double
imposition generated by the implementation of similar rates through decree
863/98 and - later of law 25,345, when considering that the double imposition
will only be unconstitutional when - by its conduit some guarantee of the
Fundamental Law is violated or the territorial competition of the power is gone
too far that sanctioned the burden, hypotheses nonverified in the case.
- II -
Dissatisfied, the prosecution
interposed the extraordinary resource of fs. 389/406,
that was granted fs. 414.
First of all, it denied the
character of “rate” attributed to the institute sub examines, when
understanding that one is a “affectation” of the bottoms collected by the
regime of “monotribute”. This - in his criterion it is not
valid, because the State only can decide on the “affectation” of own bottoms,
more not on those than they do not belong to him, as it is the case of the
contributions of the workers, to its accounts of individual capitalization.
It alleged violation of the rights
acquired under protection of the regime of the law 24,241, under which the
administrators of bottoms of retirements and pensions (AFJP) decided to get up
themselves to the system. It specified that this law had exempted
them of cost some by the expenses that irrogue the collection, control and
distribution of bottoms, which weighed exclusively on the National State,
reason by which the “affectation” created by law 25,085 modifies unilaterally,
and of arbitrary way, the established rules of the game.
With respect to the
confiscatoriedad, it showed that it is not formed on the quantum to enter in
favor of the State treasury, but on the object of the tried rate, and its
repercussion. It is therefore, by very small that is
the percentage, will fall on the bottoms of the affiliates/contributors -
administered by the AFJP-, which will be always of substantial and violatory
character of the property right.
It reiterated, finally, that exists
an assumption of double unconstitutional imposition, when superposing itself
the rate under examination with the created one by Art. 14 of law 25,345,
especially when both repay the same service.
- III -
way to see, the tried remedy is
formally permissible, in as much the intelligence of norms of federal character
(law 25,085 and art.14 of law 25,345) and the definitive sentence of the
superior has been put in judgment fabric court of the cause has been opposite
to the right that the appellant has sustained in them (Art. 14, Inc. 31, of law
48).
- IV -
Fodder that a legally logical order
imposes to examine the legitimation of the prosecution in previous form to the
treatment of its offenses, since, of not forming itself so requisite, one would
be before the nonexistence of a “case”, “cause” or “controversy”, in the terms
of Art. 116 of the Magna Carta, that would return impossible the intervention
of Justice.
In this order of ideas, it is
possible to indicate that, as this Public Ministry in the opinions picked up in
Failures remembered it: 303:893 and 322:528, from old V.E have
declared that is not incumbent on to the judges to make general or abstract
declarations, because it is of the essence of the Judicial power to decide
effective collisions of rights (Failures: 2:253; 24:248; 94:444;
94:51; 130:157; 243:177; 256:103; 263:397,
and many others).
Thus, already from its beginnings
(confr. Failures: 1:27 and 292), the Court denied that it was in the orbit of
the Judicial power of the Nation the faculty to send in general form on the
consitutionality of the norms emitted by the powers Legislative and Executive
(Failures: 12:372; 95:51
and 115:163) then, as it affirmed it in Failures: 242:353, the aim and the consequences
of the control entrusted to Justice on the activities executive and legislative
suppose that this requirement of the existence of “case” or “judicial
controversy” is observed rigorously for the preservation of the principle of
the division of powers, according to exposes it judge Frankfurter with
foundation in the North American jurisprudence (341 U.S.149).
It is by such reasons that Art. 21
of law 27 preceptúa that national Justice never comes from office and only
exerts jurisdiction in the contentious cases in that it is required at the
request of part. To thus it has understood V.E it in his
invariable doctrine, according to which “if to determine the jurisdiction of
the Court and the other courts of the Nation it would not exist the limitation
derived from the necessity of a judgment, a fight between parts, understood
this one like 'a lawsuit or demands in right instituted in accordance with a
course of events of procedure', according to the concept of Marshall, the
Supreme Court would have an authority without comptroller on the government of
the Republic, and could arrive the case in that the other powers of the State
it had left submitted with diminution of the letter and the spirit of the
Constitution” (Failures: 156:318;
227:688; 245:552; 322:528,
between many others) (emphasis, addition).
In this intelligence of the
question, the existence of a “case” or “cause” estimates the one of “part”,
that is to say, of who protests or she is defended and, therefore, the one from
that benefits or harms with the resolution adopted after the process.
In this order of ideas, it has
expressed V.E in Failures
322:528, cons. 91, that,
since the North American jurisprudence is outstanding rightly, “when deciding
on the legitimation is necessary to determine if [by the litigant is a logical
nexus between the affirmed status] and the reclamation that is tried to
satisfy”, which “turns out essential to guarantee that [that one] is an own and
appropriate part that can invoke the federal judicial power” ('Flast.
v. Cohen', 392 U.S. 83), and, really, as
it were indicated by the judge of the Supreme Court of the United States,
Antonin Scalia, in order to preserve to the Judicial power of the
sobrejudicialización of the processes of government (“The indoctrinates of
standing essential ace an element of the separation of powers”, 17 Suffolk Univ.
Law Review, 1983, p 881).
In synthesis, the “part” must
demonstrate the existence of a “special interest” in the process or, like has
said our jurisprudence to it, that the alleged offenses affect it of
sufficiently direct” or “substantial” form “, that is to say, that own
“concretion and immediacy” to be able enough to try this process.
To what has been said, it is
possible to add that, as also it has maintained V.E to it. (arg.
Failures: 311:1435, cons. 51 - to opposite sensu- and C.1329,
L.XXXVI, in re “Casime, Carlos Alberto c National State”, it sentences of the
20 of February of 2001” - that sends to the opinion of this Fiscal Public
Ministry), forms a relevant judicial cause to the control of constitutionality
of infraconstitutional legal rules whose decision is own of the Judicial power,
as long as a concrete damage to the right takes place that attends who
legitimately invokes it.
In this order of ideas, it is
possible to notice that this deficiency of legitimation in that it demands (or
in the driven one) can appear in manifest form at the time of realising its
presentation before the Justice - when that does provided DES of all concrete
interest in the dictation of an uprising shines; or it can not
be manifest, but remain hidden or disguised during the proceeding of the cause,
or require some type of investigation, to become obvious just at the time of
dictating to the sentence (arg. Art. 347, Inc. 31, of the Civil and Commercial Procedural Code of the Nation).
In this last case, it must be
also solved of previous way, since its absence would disable the exercise of
the jurisdiction on the bottom of the discussed subject, under risk of
realising an uprising in abstract.
- V -
On the base of such criteria, in his
application to sub lite, I consider that the prosecution lacks legitimation to
use the pretension that it deduced in front of the National State, because it
has not demonstrated to have a concrete interest in the dictation of a judicial
uprising that benefits it - or it harms, that removes - or not the obstacle to
which it attributes to the injury of the claimed rights (arg. Failures:
306:1125; 317:335, among others).
Indeed, from the sanction of law
25,085 one settled down, in coercive form, a return in favor of the AFIP, by
the service of collection and verification of the “tax integrated”, established
by the “Regime Simplified for Small Contributors” or “monotribute” (law 24,977).
The analysis of Art. 11 of law
25,085 it is come off that the AFIP will come to remove a 2.5% of the total
collected through system of “monotribute” and will impute it like return by the
service of collection and verification that realises. The surplus
will be turned to the national tax collecting accounts, and the different
administrators from bottoms of retirements and pensions (AFJP), in the
percentage that correspond.
On the other hand, law 24,241 - al
to institute the integrated system of retirements and pensions created the
“bottom of retirements and pensions” like a patrimony independent and different
from the AFJP, that belongs to the affiliates (cfr. art.82).
The mentioned article
establishes, in express form, that the administrator does not have right of
property some exceeds he.
On the conjunction of both norms it
is that I maintain the deficiency of legitimation of the prosecution, because
of being clear that the tribute burdens with a 2.5% the amounts paid by the
small contributors adhered to the simplified regime established by law 24.977. They are the
subjects liabilities from the rate, because they support - in definitive the
patrimonial ablation in the monthly contribution that destine to their account
of capitalization.
For this reason, I do not notice
that the prosecution undergoes damage some as a result of the sanction of the
attacked norm, every time the collection of the burden falls on a patrimony
independent and different from his (Art. 82 of law 24,241). It has not
alleged either - and much less tried that new gabela, when falling the amount
of the base on which perceives its commission, excessively returns impossible
or onerous the unfolding of its activity, according to the parameters
established by V.E in Failures: 150:419; 179:98; 201:202;
205:131; 203:275 and 210:1129, among others.
On the base of this reasoning, I
consider inadmissible to examine the tie offenses with the legal nature of the
burden, the violation of raised acquired rights and the confiscatoriedad,
because - in my criterion sufficiently direct or substantial affectation does
not exist on the appellant like qualifying its treatment.
- I SAW -
From my optics, identical answer
deserves the tie offense to the existence of double imposition, because it is
requisite - for which she verifies that the taxpaying capacity which Failures
affect the opposed tributes is the same (: 183:319; 187:234; 195:250 and 270; 193:397; 210:172; 220:699;
236:22; 255:66; 262:366, among
others).
Fodder that this condition is not
fulfilled in the species, since the rate under examination and the created one
by Art. 14 of law 25,345, fall on different subjects liabilities and,
therefore, on diverse taxpaying capacities.
As it were explained in the previous
paragraph, the first gravel to the amounts paid by the small contributors
adhered to the simplified regime established by the law
24.977.
Second, on the contrary, it
authorizes to the Executive Power to determine a rate of until 0.7% on the
total of the collection corresponding to the personal contributions it destines
two to the regime of capitalization of law 24,241 and the supervisory
contributions of law 24,557, and must be paid by the AFJP and the insurers of
risks of work (ART), previous to the transference of the resources that
correspond. In this supposed second, it is clear
that who bear the burden of the tribute they are the same AFJP and ART.
This then seals the adverse luck of
the pretension of the prosecution, in my criterion, does not verify the
identity of taxpaying capacity that returns originating the alleged
superposition.
- VII -
By virtue of the exposed thing, I
think that the sentence of fs must be confirmed. 383/386, as
soon as were matter of extraordinary resource.
Buenos Aires, 17 of September of 2003
It is Copy
Nicolás Eduardo Becerra