Jurisprudencia - Monotributo. Toso, Gabriel Armando sobre apelación clausura y multa.
Procuración General de la Nación
Suprema Corte:
-I-
A fs. 74/75, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la sentencia de la anterior instancia (fs. 35/38) que había revocado la resolución de la Región Paraná de la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante, AFIP) del 29 de mayo de 2000, en cuanto había dispuesto aplicar a Gabriel Armando Toso una multa de $ 300 y la clausura por tres días de su local comercial, sito en las calles Perú e Italia de esa ciudad, por infracción al precepto del art. 22, inc. b, ap. II, de la ley 24.977.
Para así decidir, sostuvo que, según surge de dicho precepto, sólo existirá infracción cuando el contribuyente omita exhibir tanto la placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente como la constancia de pago del Régimen Simplificado (RS, de ahora en más) correspondiente al último mes, situación que no se verifica en autos puesto que el Fisco constató que el encartado tenía a la vista la placa mencionada.
Agregó que la inseparabilidad de la exhibición conjunta de ambas constancias, exigida por el art. 26 del decreto 885/98, cuyo incumplimiento aparejaría la sanción prevista en el art. 40 de la ley 11.683 (t.o. en 1998), importa el ejercicio de una facultad vedada al Poder Ejecutivo, toda vez que implica legislar sobre materia penal (art. 18 de la Constitución Nacional).
-II-
Disconforme, el Fisco Nacional interpuso el remedio federal que luce a fs. 78/81, al entender que la sentencia es arbitraria, en tanto constituye un apartamiento de la solución normativa aplicable al caso y que, además, reviste gravedad institucional, puesto que excede el mero interés de las partes.
Arguye que la norma del art. 22, inc. b, ap. II, de la ley del RS, involucra dos infracciones distintas e independientes, por lo que el incumplimiento de una sola de las dos condiciones allí establecidas conlleva, indefectiblemente, la sanción prevista en el art. 40 de la ley 11.683.
En este sentido, dice que la interpretación realizada por la cámara es errónea, toda vez que solo se podría arribar a esa posición si el legislador hubiera optado por la conjunción copulativa "y", en lugar de la conjunción disyuntiva "o", en el ap. II antedicho.
Expresa, por último, que lo dispuesto por el art. 26 del decreto 885/98 en manera alguna modifica o amplía las disposiciones del art. 22 del RS sino que, por el contrario, reitera lo dicho en él.
-III-
A mi modo de ver, el recurso intentado resulta formalmente admisible, toda vez que se halla en juego la interpretación de normas federales y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que el apelante fundó en ella (conf. art. 14, inc. 3° de la ley 48).
Por otra parte, si se encuentra en discusión el contenido y alcance de una nor
ma de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o del tribunal a quo sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (conf. Fallos: 323:1406, 1460, 1566, entre otros).
-IV-
En cuanto al fondo de la cuestión, estimo dable recordar que la ley 24.977 instituyó, en el orden tributario nacional, el denominado "Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes" o "monotributo", consistente en un mecanismo fiscal integrado, en relación a los impuestos a las ganancias y al valor agregado y, también, al sistema nacional de seguridad social, para los pequeños contribuyentes allí definidos (conf. art. 1° del anexo de la ley). Su finalidad, destacada por el legislador, fue insertar en el sistema tributario a estos contribuyentes, quienes, de lo contrario, debían tributar cada uno de los gravámenes indicados, en forma separada, soportando una presión impositiva mayor.
Dentro de la mecánica establecida, dicha ley prevé un conjunto de obligaciones -tanto sustanciales como formales- para aquellos que se encuadren en sus preceptos y de sanciones particulares para quienes los infrinjan.
En lo que interesa al sub examine, cabe poner de relieve que, entre los deberes formales específicos para los monotributistas, el art. 21, ubicado en el Título II, Capítulo X -denominado "Exhibición de la identificación y del comprobante de pago-", preceptúa que los contribuyentes del RS "deberán exhibir en sus establecimientos, en lugar visible al público, los siguientes elementos: a) Placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente y de la categoría en la cual se encuentra inscripto; b) Comprobante de pago perteneciente al último mes del Régimen Simplificado (RS)".
Estas cargas, como ocurre en general con el resto de los deberes formales establecidos en las leyes impositivas, tienden a resguardar las facultades de inspección y verificación que posee el Fisco. V.E. ha destacado, con énfasis, que el cumplimiento de los deberes formales fijados por las normas tributarias constituye el instrumento que ha considerado el legislador para aproximarse al marco adecuado en el que deben desenvolverse las relaciones económicas y de mercado, erradicar circuitos marginales de circulación de bienes y permitir el ejercicio de una adecuada actividad fiscalizadora (conf. Fallos: 314:1376, entre otros).
En este orden de ideas, me parece claro que los deberes impuestos por el art. 21 del RS tienen por finalidad facilitar el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los responsables por parte de la administración y que sus agentes, al inspeccionar a un contribuyente, puedan tener un conocimiento expedito y rápido de su situación impositiva, es decir, tanto de su inscripción y categorización en el monotributo como, asimismo, constatar si se hallan al día con el pago del gravamen o no.
Con dicho fin, el art. 22 del RS, en su primer párrafo, sujeta a los contribuyentes a las disposiciones de la ley 11.683 -con las particularidades que en él se detallan- en cuanto a las normas de procedimiento aplicables como también en relación a las medidas precautorias y a las sanciones.
Interesa puntualizar aquí, sobre el aspecto represivo tendiente a resguardar el bien jurídico constituido por las ya mentadas facultades de fiscalización y verificación, que el inc. b, ap. II, del citado art. 22 del RS, dispone que las sanciones establecidas en el art. 40 de la ley de rito fiscal serán aplicables a los pequeños contribuyentes cuando incurran en alguno de los hechos u omisiones previstos en éste o bien cuando -y señala entre otros supuestos- "...II. No exhibiere en el lugar visible que determine la reglamentación, la placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente en la que conste la categoría en la cual se encuentra inscripto o la constancia de pago del Régimen Simplificado (RS) correspondiente al último mes".
Desde mi punto de vista, y contrariamente a lo postulado por el a quo, el sentido de la conjunción disyuntiva "o" en este párrafo II transcripto es claro y bastará con que se omita mostrar en lugar visible una de las dos constancias requeridas, para que la infracción formal se configure, al menos desde un punto de vista objetivo. En otros términos, que corresponde la sanción de clausura y multa del art. 40 de la ley 11.683, tanto para la falta de exhibición de la constancia acreditativa de la condición de monotributista, como para la del comprobante de pago del último mes.
No puede argüirse, como lo pretende la cámara, que es suficiente exponer a la vista de la fiscalización uno de los dos instrumentos mencionados para cumplir con el deber formal ya que, como quedó dicho, el art. 21 del RS pone en cabeza de los pequeños contribuyentes la obligación de exhibir ambos elementos, en forma conjunta. Por lo tanto, si sólo se enseñara uno de estos, no se estaría cumpliendo íntegramente con dicha encomienda.
Hay que recordar que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973), y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), así como que los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700), para todo lo cual se deben computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 1:297).
Por último, estimo prudente dejar en claro que, dado el sentido de la norma estudiada, el art. 26 del decreto 885/98, contrariamente a lo afirmado en el decisorio recurrido, es, simplemente, la reiteración de una obligación establecida en la ley.
-V-
Sin perjuicio de lo expresado hasta ahora, es preciso tomar en cuenta que, en el acta de inspección de fs. 2/3, labrada por la AFIP, se constató que el contribuyente no exhibía el comprobante de pago del RS "correspondiente al último mes vencido, al día de la fecha 04/2000", pero también que si tenía a la vista, junto con la constancia de inscripción, "el comprobante de pago del Régimen Simplificado Mono- tributo correspondiente al período 03/2000", es decir el recibo de pago del último mes que había cancelado.
Por ello, dentro de las facultades que competen al Tribunal en uso de su jurisdicción apelada extraordinaria, estimo que resulta indispensable realizar una exégesis constitucionalmente admisible de la norma del art. 22, inc. b, ap. II, en lo atinente al deber de exhibir el comprobante de pago del último mes, con el objeto de determinar a qué se alude con el concepto jurídico "último mes".
Adelanto que no puede caber duda, en mi opinión, que la exigencia de dicho comprobante ha de referirse al del último pago que el contribuyente haya realizado, sin que pueda entenderse, bajo ningún punto de vista, que está haciendo mención al del último mes vencido del RS, con independencia de si ha sido abonado o no por el particular.
Considero que, como quedó expresado, la infracción bajo análisis, en su faz objetiva, consiste exclusivamente en la falta de exhibición de un documento. Su razón de ser radica y se agota en punir esa falta de colaboración con la AFIP al no brindar la información solicitada de la manera que lo requiere la norma legal.
Esa reticencia en colaborar se configurará, únicamente, si el contribuyente está en posición del instrumento y omite exponerlo. Correlativamente, es claro que si no tiene ese comprobante de pago, no puede exigírsele su muestra. Ello es coherente con el fin de estos deberes fiscales formales, dado que la exhibición del recibo de mentas permite verificar rápidamente su situación tributaria y posibilita al agente del Fisco determinar si está o no al día con sus obligaciones sustantivas, extremo este que, en su caso, dará lugar a que el Fisco intente el cobro por la vía de apremio, con más los intereses resarcitorios que correspondan, aspecto que no está discutido en el sub lite.
Destaco, por otra parte, que para el caso de falta de pago de las cuotas del impuesto integrado, el art. 22 bis - agregado por la ley 25.239- prevé una sanción especial, lo cual -más allá del juicio que pueda merecer esta norma, cuestión que no se debate ahora- sirve para demostrar que tuvo interés el legislador en castigar, de manera directa, la mora en el pago, mediante una norma especial, distinta de la del art. 22, inc. b, ap. II ahora bajo análisis.
Así las cosas, pienso que la tesitura contraria, propuesta por la AFIP en su recurso extraordinario -tal vez con base en el art. 19 de la resolución general 619 de la AFIP, que reglamenta el lugar de exhibición del "comprobante de pago correspondiente al último mes vencido"-, implica sostener una inadmisible desviación en la finalidad de la norma sancionatoria, puesto que castigar al contribuyente por no tener a la vista el recibo del último período vencido, si éste no lo ha pagado, equivale a castigarlo directamente por este incumplimiento sustantivo mientras que, como expuse supra acápite IV, la sanción aquí tratada tiene por mira, en forma exclusiva, tutelar el bien jurídico constituido por las facultades de fiscalización e inspección que posee el Fisco.
Dicho de otro modo, la inteligencia que realiza elFisco Nacional equivale a pretender sustituir el bien jurídico tutelado por la norma, buscando ahora proteger directamente, de manera espúrea, la recaudación de las rentas públicas. Tesitura que, por otra parte, obligaría al intérprete a concluir en su inconstitucionalidad pues, además de esa solapada tergiversación del bien jurídico que se custodia, lleva a aplicar una pena que es irrazonable, desmedida, cruel o desusada (conf. arg. Fallos: 300:642; 312:826) para un contribuyente moroso que ha puesto de manifiesto en todo momento esta situación, sin ocultamiento o ardid reprochable de ningún tipo, vedada por el art. 75, inc. 22 de la Carta Magna, en tanto ha receptado con jerarquía constitucional la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 5°) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 7°). Por otra parte, debo decir que, aunque la sanción de clausura y multa no consiste estrictamente en una privación de la libertad física, implicaría una suerte de recreación de la prisión por deudas, abolida tempranamente en nuestro ordenamiento jurídico por la ley 514, del 22 de junio de 1872, y prohibida también por el art. 7°, inc. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que por los días en que tenga clausurado su local se habrá privado al contribuyente de su libertad de trabajo e industria, como asimismo del ejercicio libre de su derecho de propiedad.
Hay que tener presente, sin embargo, que ha dicho reiteradamente el Tribunal que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la ultima ratio, y que la función de los jueces es interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional, en tanto la letra o el espíritu de ellas lo permita (conf. arg. Fallos: 308:647, considerando 8° y sus citas; 319:1331), circunstancia que se verifica en el supuesto de autos, atento la inteligencia de la norma que propicio, que evitaría tal declaración.
En mérito a las razones indicadas, y atento las constancias del acta de fs. 2/3 supra indicadas, entiendo que no se ha configurado el tipo objetivo de la infracción formal aquí imputada.
-VI-
Por lo expuesto, considero que corresponde admitir el recurso extraordinario y confirmar la sentencia de fs. 74/75, por los fundamentos aquí vertidos.
Buenos Aires, 12 de julio de 2001.
ES COPIA
NICOLÁS EDUARDO BECERRA
Jurisprudence - Monotribute. Toso, Gabriel Armando on appeal closing and fines.
General power of attorney of the Nation
Supreme Court:
- I
To fs. 74/75, the Federal Camera of Appeals of Parana confirmed the sentence of the previous instance (fs. 35/38) that had revoked the resolution of the Parana Region of the Federal Administration of Income Public (in future, AFIP) of the 29 of May of 2000, as soon as had arranged to apply to Gabriel Armando Toso a 300 fine of $ and the closing by three days of their commercial, situated premises in the Peru streets and Italy of that city, by infraction to the rule of Art. 22, Inc. b, AP. II, of law 24.977.
Thus to decide, it maintained that, according to it arises from this rule, it will only exist infraction when the contributor omits to exhibit so much the indicative plate of his condition of small contributor like the certainty of payment of the Simplified Regime (RS, of now in more) corresponding to the last month, situation that does not verify in cars since the State treasury stated that the encartado one had at sight the mentioned plate.
It added that the inseparabilidad of the joint exhibition of both certainties, demanded by Art. 26 of the decree 885/98, whose breach would prepare the sanction anticipated in Art. 40 of law 11,683 (t.o in 1998), concerns the exercise of a faculty forbidden to the Executive Power, every time it implies to legislate on penal matter (Art. 18 of the National Constitution).
- II
Dissatisfied, the National State treasury interposed the federal remedy that shines to fs. 78/81, when understanding that the sentence is arbitrary, in as much constitute an apartment of the normative solution applicable to the case and that, in addition, it has institutional gravity, since it exceeds the mere interest the parts.
It argues that the norm of Art. 22, Inc. b, AP. II, of the law of RS, it involves two different and independent infractions, reason why the breach of a single of the two conditions there established entails, unfailingly, the sanction anticipated in Art. 40 of law 11.683.
In this sense, says that interpretation realised by camera is erroneous, every time could only be arrived at that position if the legislator had decided on the copulativa conjunction “and”, instead of the disjunctive conjunction “or”, in the AP. II aforesaid.
It express, finally, that arranged by Art. 26 of decree 885/98 in way some modifies or extends the dispositions of Art. 22 of RS but, on the contrary, reiterates what has been said in him.
- III
way to see, the tried resource is formally permissible, every time the interpretation of federal norms is in game and the definitive decision of the superior court of the cause is opposite to the right that the apellant founded on her (conf. Art. 14, Inc. 3° of law 48).
On the other hand, if the content is in discussion and reaches of a norma of federal right, the Court is not limited by the arguments of the parts or of the court a quo but conf is incumbent to him to realise a declaration on the disputed point (. Failures: 323:1406, 1460, 1566, among others).
- IV
As far as the bottom of the question, I consider possible to remember that law 24,977 instituted, in the national tributary order, the denominated “Regime Simplified for Small Contributors” or “monotribute”, consisting of an integrated fiscal mechanism, in relation to the taxes to the gains and the added value and, also, to the national system of social security, for the small contributors defined (conf there. Art. 1° of the Annex of the law). Its purpose, outstanding by the legislator, was to insert in the tributary system these contributors, who, otherwise, had to pay each one of the indicated burdens, in separated form, supporting a greater tax pressure.
Within the established mechanics, this law anticipates a set of obligations - substantial as as much formal for which they are fitted in his rules and of particular sanctions for those who infringe them.
In which it interests to sub examines, it is possible to put of relief that, between the specific formal duties for the monotributistas, Art. 21, located in the Title II, Chapter X - denominated “Exhibition of the identification and the proof of payment”, preceptúa that the contributors of RS “will have to exhibit in their establishments, in visible place to the public, the following elements: a) indicative Plate of its condition of small contributor and the category in which is new recruit; b) Supporting of payment pertaining to the last month of Régimen Simplificado (RS)”.
These loads, as it happens generally with the rest of the established formal duties in the tax laws, lie down to protect the faculties of inspection and verification that the State treasury owns. V.E is outstanding, with emphasis, that the fulfillment of the formal duties determined by the tributary norms constitutes the instrument that the legislator has considered to come near to the adapted frame in whom the economic relations must develop and of market, to eradicate marginal circuits of circulation of goods and to allow the exercise of a suitable supervise activity (conf. Failures: 314:1376, among others).
In this order of ideas, it seems clear me that the duties imposed by Art. 21 of RS have as an aim to facilitate the control of the fulfillment of the tributary obligations of the people in charge on the part of the administration and that their agents, when inspecting to a contributor, can as much have an expeditious and fast knowledge of their tax situation, that is to say, of its inscription and categorisation in the monotribute like, also, to state if they are to the day with the payment of the burden or no.
With this aim, Art. 22 of RS, in their first paragraph, holds to the contributors to the dispositions of law 11,683 - with the particularitities that in him are detailed as far as the applicable norms of procedure as also in relation to the precautionary measures and to the sanctions.
It interests to emphasize here, on the tending repressive aspect to protect the legally protected interest constituted by already mentioned faculties of control and verification, that the Inc. one. b, AP. II, mentioned Art. 22 of RS, it has that the sanctions established in Art. 40 of the law of fiscal rite will be applicable to the small contributors when omissions incur some of the facts either anticipated in this one or when - and indicates supposed “… II among others. It will not exhibit in the visible place that determines the regulation, the indicative plate of his condition of small contributor in whom the category consists in which is new recruit or the certainty of payment of Régimen Simplificado (RS) corresponding to the last month”.
From my point of view, and postulate by a quo, sense of the disjunctive conjunction “or” in this paragraph II transcripto is clear and will be enough with which it is omitted to show at least in visible place one of the two certainties required, so that the formal infraction is formed, from an objective point of view. In other terms, that the closing sanction corresponds and fines of Art. 40 of law 11,683, as much for the lack of exhibition of the accrediting certainty of the condition of monotributista, like for the one of the proof of payment of the last month.
Not it can to argue, as the camera tries it, that is sufficient to expose in view of control one of instruments both mentioned to fulfill having formal since, as it were saying, Art. 21 of RS puts in head of the small contributors the obligation to exhibit both elements, in joint form. Therefore, itself one of these would be taught, would not be being been fulfilling this charge completely.
It is necessary to remember that the first rule of interpretation of the laws is to give to total effect to the intention of the legislator (Failures: 302:973), and the first source to determine that will is the letter of the law (Failures: 299:167), as well as that the judges do not have to replace the legislator but to apply the norm as this one conceived it (Failures: 300:700), for which the totality of their rules is due to compute so that they harmonize with the remaining legal ordering and avoiding to give a sense that put in struggle its dispositions, destroying some by the other and adopting, like true, the one them that conciliates and leaves them to all with value and effect (Failures: 1:297).
Finally, I consider prudent to leave in clear that, given the sense of the studied norm, Art. 26 of decree 885/98, contrary to the resorted affirmed thing in the decision-making one, it is, simply, the reiteration of an obligation established in the law.
- V
Notwithstanding the expressed thing until now, it is precise to take into account that, in the act of inspection of fs. 2/3, worked by the AFIP, were stated that the contributor did not exhibit the proof of payment of RS “corresponding to the last payable month, to the day of date 04/2000”, but also that if she had in view, along with the inscription certainty, “supporting of payment of the Simplified Regime the Monkey tribute corresponding to the period 03/2000”, that is to say the receipt of payment of the last month that she had cancelled.
For this reason, within the faculties that are incumbent on to the Court in use of their appealed jurisdiction extraordinary, I consider that it turns out indispensable to realise a constitutionally permissible exegesis of the norm of Art. 22, Inc. b, AP. II, in the relevant thing when having to exhibit the proof of payment of the last month, with the intention of determining to what “last month” is alluded to with the legal concept.
Advance that cannot fit doubt, in my opinion, that the exigency of supporting saying has to talk about to the one of the last payment that the contributor has realised, without she can be understood, under no point of view, that is making mention to the one of the last overcome month of RS, regardless of if it has been paid or not by the individual.
I consider that, as it were expressed, the infraction under analysis, of its objective face, consists exclusively of the lack of exhibition of a document. Its raison d'etre is and it is run out in punir that lack of collaboration with the AFIP when not offering the asked for information of the way that requires it the legal norm.
That reluctance in collaborating will be formed, only, if the contributor is On guard of the instrument and omits to expose it. Correlatively, it is clear that if does not have that proof of payment, its sample cannot be demanded him. It is coherent with the purpose of these formal fiscal duties, since the exhibition of the receipt of mints allows to verify its tributary situation quickly and makes possible the agent of the State treasury to determine if it is or not with his substantive obligations, extreme east that, where appropriate, will give rise to that the State treasury tries the collection by the pressure route, with plus the resarcitorios interests that correspond, aspect that is not discussed in sub lite.
I emphasize more there, on the other hand, that for the case of lack of payment of the quotas of the integrated tax, Art. 22 twice - added by law 25,239 - anticipates a special sanction, which - of the judgment that can deserve this norm, question that does not struggle now serves to demonstrate that the legislator in punishing had interest, of direct way, the blackberry in the payment, by means of a norm special, different from the one as Art. 22, Inc. b, AP. II now under analysis.
Thus the things, fodder that the opposite, propose attitude by the AFIP in its extraordinary resource - such time with base in Art. 19 of general resolution 619 of the AFIP, that regulates the place of exhibition of the “proof of payment corresponding to the last overcome month” -, implies to maintain an inadmissible deviation in the purpose of the sanctionary norm, since to punish the contributor not to have at sight the receipt of the last payable period, if this one has not paid it, it is equivalent to directly punish it by this substantive breach whereas, as I set out paragraph IV supra, the sanction treated here has by sight, in form exclusive right, tutelary the legally protected interest constituted by the faculties of control and inspection that the State treasury owns.
In other words, the intelligence that elFisco realises National is equivalent to try to replace the legally protected interest had the charge of by the norm, looking for now to protect directly, of espúrea way, the collection of the public rents. Attitude that, on the other hand, would force the interpreter to conclude then in its unconstitutionality, besides that sly distortion of legally protected interest that are guarded, takes to apply a pain that is unreasonable, excessive, cruel or fallen into disuse (conf. arg. Failures: 300:642; 312:826) for a weak contributor who has shown at any moment this situation, without concealment or reproachable scheme of no type, forbidden by Art. 75, Inc. 22 of the Magna Carta, in as much have welcomed with constitutional hierarchy the Universal Declaration of Human rights (Art. 5°) and the Pact the International of Civil and Political Rights (Art. 7°). On the other hand, I must say that, although the closing sanction and fines does not consist strictly of a deprivation of the physical freedom, would imply a luck of recreation of the prison by debts, abolished early in our legal ordering by law 514, of the 22 of June of 1872, and also prohibited by the Art. 7°, Inc. 7 of the American Convention on Human rights, since by the days in which it has closed its premises will have deprived to the contributor of its freedom of work and industry, like also of the free exercise of its right of property.
It is necessary to have present, nevertheless, that the Court has said repeatedly who the declaration of unconstitutionality of a law is the ultima ratio, and that the function of the judges is to interpret the laws with fecund and authentic constitutional sense, in as much the letter or the spirit of them allows it (conf. arg. Failures: 308:647, whereas clause 8° and its appointments; 319:1331), circumstance that is verified in the assumption of cars, kind the intelligence of the propitious norm that, that would avoid such declaration.
In merit to the indicated reasons, and kind the certainties of the act of fs. 2/3 supra indicated, I understand that the objective type of the formal infraction imputed here has not formed itself.
- I SAW
By the exposed thing, I consider that it corresponds to admit the extraordinary resource and to confirm the sentence of fs. 74/75, by the foundations spilled here.
Buenos Aires, 12 of 2001 July.
IT IS COPY